El Gobierno reconoció que la eliminación de la subvención al diésel provocará un incremento en los precios de pasajes y fletes, aunque espera que el ajuste sea razonable y no genere un impacto significativo en la economía de los hogares bolivianos. El ministro de Trabajo, William Bascopé, señaló que será necesario establecer nuevas tarifas en función del escenario generado por el alza del combustible.
Bascopé sostuvo que el reajuste deberá ser “razonable, sensato y no abusivo”, al tiempo que destacó que durante las reuniones con representantes del transporte también surgieron alternativas para reducir el impacto del incremento del diésel. Entre ellas mencionó el cambio hacia otras fuentes de energía, el uso de electricidad y la conversión de vehículos a Gas Natural Vehicular (GNV).
La medida se origina en el Decreto Supremo 5716, promulgado el pasado viernes, que eliminó la subvención estatal al diésel. La decisión afecta directamente los costos del transporte pesado, el flete de carga y los servicios interdepartamentales e interprovinciales, además de sectores industriales que utilizan maquinaria a diésel.
El ministro informó que se prevén nuevas reuniones con los representantes del transporte para analizar la situación. En ese marco, anunció un encuentro previo con la ATP en Cochabamba y señaló que la siguiente semana acompañará a los ministros de Economía e Hidrocarburos en reuniones destinadas a definir los ajustes necesarios.
Mientras el Gobierno prepara la discusión sobre las nuevas tarifas, también comienza a perfilarse otro debate: el incremento salarial para 2027. Bascopé evitó anticipar una posición oficial sobre este tema, pese a que el aumento del combustible tendrá efectos sobre los costos de vida y ya existen planteamientos que mencionan un salario mínimo de Bs 4.500.
La autoridad indicó que probablemente surgirán propuestas de incremento salarial vinculadas al nuevo escenario económico, aunque también anticipó que los trabajadores podrían plantear otras alternativas. Aseguró que el Gobierno abordará la discusión cuando corresponda y que las medidas económicas serán evaluadas considerando sus posibles efectos.
De esta manera, la eliminación de la subvención al diésel abre dos discusiones económicas paralelas: por un lado, la definición de nuevos precios para pasajes y fletes; y por otro, la futura negociación salarial. El Gobierno considera que los ajustes son necesarios, pero deberá afrontar las demandas de transportistas y trabajadores mientras busca contener el impacto de las nuevas medidas sobre la población.
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