El sector advirtió que eliminar la norma generaría incertidumbre y afectaría la producción agropecuaria del país
La Comisión Nacional de Productores Cañeros de Bolivia (Concabol) expresó este viernes su respaldo “pleno y contundente” a la vigencia de la Ley 1720 y advirtió que cualquier intento de abrogarla pondría en riesgo la seguridad jurídica, el acceso al financiamiento y la estabilidad del sector productivo nacional.
A través de un pronunciamiento público titulado “Bolivia no puede darle la espalda a sus productores”, la organización sostuvo que la norma constituye una herramienta fundamental para miles de productores cañeros y agropecuarios del país, quienes —afirmó— aportan al desarrollo económico, la generación de empleo y la seguridad alimentaria.
“La Ley 1720 representa un respaldo importante para miles de productores cañeros y agropecuarios que diariamente contribuyen al desarrollo económico”, señala el documento difundido por la dirigencia del sector.
Concabol advirtió que debilitar o eliminar esta normativa generaría incertidumbre en el sector y afectaría directamente a quienes sostienen la producción nacional. En ese marco, remarcó que el sector cañero cumple un rol estratégico en las economías regionales y en el aparato productivo boliviano.
La organización también exigió a las autoridades nacionales actuar con responsabilidad y garantizar las condiciones de seguridad jurídica necesarias para continuar impulsando la producción y las inversiones en el agro.
En el pronunciamiento, la entidad ratificó además su compromiso de trabajar de manera conjunta con otras organizaciones productivas en defensa del sector agropecuario y anunció que se mantendrá en estado de alerta y vigilancia ante cualquier medida que, según consideran, atente contra la estabilidad y el futuro de los productores nacionales.
Asimismo, convocó a las nuevas autoridades electas del departamento de Santa Cruz y a los municipios a respaldar la vigencia de la Ley 1720.
El documento concluye con críticas a legisladores que cuestionan la norma y afirma que el productor boliviano “no pide privilegios”, sino condiciones justas y garantías para continuar produciendo y aportando al crecimiento económico del país.
FUENTE: EL DEBER
Acerca del autor
