Gobiernos municipales de Chuquisaca advierten impacto en obras y se declaran en emergencia ante el Decreto Supremo 5676
La Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de Chuquisaca (Agamdech) emitió un pronunciamiento en rechazo al Decreto Supremo N° 5676, promulgado por el presidente Rodrigo Paz, y solicitó la exclusión de los municipios del grupo de Grandes Contribuyentes (Graco), además de pedir a la FAM Bolivia interceder ante el Gobierno nacional.
La organización expresó su preocupación por el impacto de la medida en las finanzas municipales, señalando que este tipo de decisiones “desgastan el presupuesto de los municipios” y afectan directamente su capacidad operativa.
En el documento, Agamdech explicó que los gobiernos municipales utilizan maquinaria pesada —como tractores, volquetas y otros equipos— de manera permanente en tareas como apertura y mantenimiento de caminos, construcción de reservorios y diversas obras comunitarias. En ese sentido, advirtieron que el costo de Bs 18 por litro de diésel “significa paralizar el desarrollo de nuestras comunidades”, debido a la reducción de recursos disponibles para su funcionamiento.
Asimismo, rechazaron “de manera contundente” su inclusión dentro del régimen Graco, argumentando que las Entidades Territoriales Autónomas no tienen fines de lucro. “Somos instituciones de servicio y no de lucro como las empresas o industrias que generan recursos económicos y pueden compensar el costo del diésel”, señala el pronunciamiento.
La entidad también alertó sobre las consecuencias indirectas de la medida, indicando que el encarecimiento del combustible tendrá efectos en el transporte, la producción y el costo de vida. Según advirtieron, esta situación terminará trasladándose a los bienes, servicios y la canasta familiar.
En la parte resolutiva, Agamdech “solicita y exige” la modificación del Decreto Supremo 5676 para excluir a los Gobiernos Autónomos Municipales del régimen GRACO y permitirles acceder a combustible a un precio de Bs 9,80 en surtidores.
Finalmente, la organización se declaró en estado de emergencia en caso de que no se atienda su demanda, calificando la medida como “atentatoria a la economía de los gobiernos municipales”.
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