La Gobernación de Tarija y ENDE Guaracachi acordaron avanzar en la resolución de mutuo acuerdo del contrato de operación, mantenimiento y administración de la Central Hidroeléctrica San Jacinto. El anuncio fue realizado este lunes por la gobernadora María René Soruco, luego de una reunión con el equipo técnico y la gerencia de la empresa estatal en Santa Cruz.

Como parte del proceso, se conformará una comisión permanente para tratar los asuntos relacionados con los activos y establecer las condiciones de la transición. Soruco afirmó que uno de los principales objetivos es evitar interrupciones en el mantenimiento de la central y en la distribución de energía eléctrica durante las negociaciones.
El entendimiento representa un avance respecto a la propuesta planteada por la Gobernación el 15 de octubre para terminar el convenio de manera bilateral. Sin embargo, el inicio de las gestiones no significa que el contrato ya esté resuelto ni que se haya concretado la devolución de la operación de la central al departamento.
El contrato fue firmado el 21 de agosto de 2015 por un periodo de 30 años. Según los antecedentes presentados por la Gobernación, el 92% de los ingresos por generación eléctrica corresponde a ENDE Guaracachi y el 8% al Gobierno departamental. La administración de Soruco considera desfavorables estas condiciones y busca revisar el acuerdo desde los ámbitos técnico, legal y financiero.
La controversia también involucra el manejo del agua del embalse, debido a que San Jacinto cumple una función múltiple: genera electricidad y abastece de agua para riego a productores del valle central, principalmente de Cercado y Uriondo. La Gobernación sostiene que la operación debe priorizar el abastecimiento para la producción agrícola y compatibilizarlo con las necesidades de generación eléctrica.
En septiembre de 2023, la administración departamental informó sobre un acuerdo con ENDE Guaracachi para elevar el nivel mínimo de operación del embalse y garantizar la dotación de agua a los regantes. No obstante, la demanda de agua para la actividad agrícola continúa siendo un asunto central en la discusión sobre la administración del proyecto.
La comisión deberá definir la situación de los activos, las obligaciones pendientes y las responsabilidades de cada parte, además del esquema técnico y administrativo que asumiría la Gobernación si recupera la operación de la central. El resultado de las negociaciones determinará las condiciones de salida del contrato y deberá garantizar la continuidad del mantenimiento, la distribución eléctrica y el suministro de agua para riego
